“Respetar la institucionalidad”: zoncera para un desvarío histórico.

A partir de los que algunos predicaron como “la crisis del Banco Central”, se ha planteado una nueva zoncera, la de respetar la llamada: “institucionalidad”, con motivo de preservar la autonomía del mismo.
No es nuevo este planteo, sobre todo de ciertos sectores que pretenden construir su proyecto político sobre cierta y subjetiva ampulosidad de lo ético y lo moral.
Tampoco llama la atención en este caso que Pérez Redrado, se refugiara en la: “institucionalidad” como si de un bunker se tratara, puesto que en ello le iba la vida de funcionario o al menos los elevados emolumentos salariales.
En todo caso y lo llamativo en esta oportunidad, es que algunos dirigentes del progresismo y la izquierda nacional, en la constante búsqueda de posicionamientos políticos, recurrieran sin mucha imaginación al trillado apotema de: “respetar la institucionalidad”.
Lo institucional podemos entenderlo como el conjunto de normas, procedimientos y organismos que rigen el funcionamiento de una sociedad en el marco del derecho. Pero también no es menos cierto que ese conjunto de normas cristaliza en el tiempo la situación política y la correlación de fuerzas que le dio origen.
Así, nuestra institucionalidad se escribió en periodos muy particulares.
La constitución nacional de 1853, se plasmó sobre el degüello del Chacho y los pueblos del interior, y consolidó una institucionalidad que abría las puertas de Argentina a los pueblos del mundo, en tanto se la negaba a nuestros paisanos y pueblos originarios, y preservaba el manejo del país a una clase social, los terratenientes.
La “revolución fusiladora” en 1957 se ocupó de desnacionalizar nuestra economía y abrirla a la inversión extranjera, forjando las bases para la envestida económica de la última dictadura con la ley de entidades financieras promulgada por Martínez de Hoz y que sirvió para el saqueo del país a manos de unos pocos y en perjuicio del conjunto del pueblo.
La reforma constitucional de 1994, pacto de Olivos mediante, coronaría nuestra “institucionalidad” con los mandamientos del consenso de Washington y las políticas neoliberales de la Escuela Económica de Chicago, que entre otros independizaba al Banco Central del Estado Nacional y lo subordinaba a organismos internacionales tales como el FMI, aunque algunos hoy eufemísticamente llaman autonomía.
Muy por el contrario, la Institucionalidad que emanaba de la Constitución Nacional democrática de 1949, fue derogada a fuerza de bombardear al pueblo en la Plaza de Mayo y los fusilamientos de Juan José Valle y de los militantes populares en los basurales de José León Suarez. De aquella Constitución solo quedó en pie su artículo 14 bis como el último baluarte de resistencia popular, aunque en la década del ’90, su aura “institucional”, quedara mellado por la aplanadora neoliberal.
Que la derecha política, hoy se rasgue las vestiduras por la pretendida “institucionalidad”, entra en el campo de su lógica y supervivencia de su propio statu cuo, ya que han organizado al país a la medida de su bolsillo, arrasando cuando pudieron, simbólica y materialmente con las conquistas populares y, sin que les pesara, a costa de la vida de miles y miles de compatriotas.
Pero que cierto progresismo y alguna izquierda se apeguen a este “mito”, es cuanto menos de una pereza intelectual extrema, pero en todo caso y lo más lamentable, es que se constituye en un nuevo desvarío histórico.